La Comisión Europea ha tomado medidas significativas contra Google, acusándolo de no cumplir con las normativas establecidas en la reciente legislación de la Unión Europea, el Digital Markets Act (DMA). Esta situación no solo podría afectar a la gran empresa tecnológica, sino también alterar el ecosistema digital en el viejo continente, con implicaciones relevantes para consumidores y empresas por igual.
Entendiendo el Digital Markets Act
El Digital Markets Act es una normativa que entró en vigor en 2024, enfocada en regular a las grandes plataformas digitales, conocidas como «guardianes» del mercado, que incluyen a gigantes como Google, Apple y Meta. Este marco legal exige que estas empresas actúen de manera justa y equitativa, al tiempo que se les prohíbe favorecer sus propios servicios en detrimento de la competencia. La vigilancia sobre Google ha aumentado considerablemente, con un enfoque particular en cómo maneja sus servicios y sus impactos en el mercado.
Las acusaciones contra Google
El 19 de marzo de 2025, la Comisión Europea notificó a Google sobre los hallazgos preliminares de su investigación, centrándose en dos de sus servicios más influyentes: Google Search y Google Play.
Entre las acusaciones se encuentra el hecho de que Google favorece sus propios servicios, como Google Shopping, reservas de hoteles y resultados financieros, presentándolos de forma más prominente y con características mejoradas. Esta práctica supone una violación de la obligación de transparencia y de trato justo hacia los servicios de la competencia.
La percepción es que Google manipula sus resultados de búsqueda, priorizando sus productos y limitando la diversidad de opciones para los usuarios.
Adicionalmente, el Google Play Store ha sido objeto de escrutinio. Los desarrolladores de aplicaciones están limitados en su capacidad para dirigir a los usuarios a otras plataformas que ofrecen precios más competitivos. La UE sostiene que esta situación perjudica la competencia y restringe la libertad de los desarrolladores, quienes se ven obligados a asumir costos elevados por el acceso a la plataforma de Google, lo que también encarece las opciones disponibles para los consumidores.
Impactos en innovación y seguridad
Ante estas acusaciones, Google ha defendido su postura. Oliver Bethell, un alto directivo en la compañía, argumentó que las modificaciones exigidas por la UE podrían perjudicar tanto la innovación como la seguridad de los servicios ofrecidos. Bethell mencionó que limitar la visibilidad de ciertos resultados podría complicar la experiencia de búsqueda para los usuarios, poniendo como ejemplo la búsqueda de vuelos, donde la falta de acceso directo a los sitios de las aerolíneas puede resultar en precios más altos para los consumidores.
En cuanto a Google Play, el directivo subrayó que las restricciones son necesarias para proteger a los usuarios de aplicaciones potencialmente dañinas, asegurando que la plataforma Android permanezca segura y abierta. Según él, el DMA plantea un dilema engañoso entre apertura y seguridad, donde la primera podría comprometer la segunda.
Implicaciones para el panorama empresarial europeo
Las investigaciones de la UE y sus conclusiones, de ser validadas, podrían provocar cambios significativos en la forma en que los servicios digitales se presentan y utilizan en el espacio europeo. Las empresas deben estar atentas a cómo estas regulaciones pueden transformar el mercado.
Google tiene la oportunidad de responder a las conclusiones de la Comisión y presentar su defensa. Si las acusaciones son confirmadas, la empresa podría enfrentarse a multas de hasta el 10 % de sus ingresos globales. Además, esto podría llevar a cambios obligatorios en sus servicios, lo que afectaría tanto sus resultados de búsqueda como la gestión de su Play Store.